La responsabilidad del administrador de una empresa puede ir más allá de la propia sociedad y, en determinadas circunstancias, alcanzar personalmente a quien ocupa el cargo. Ser administrador de una sociedad limitada o anónima no significa, por tanto, estar siempre protegido frente a las consecuencias económicas de las decisiones adoptadas durante la gestión de la compañía.
La separación entre el patrimonio de la sociedad y el de sus administradores constituye uno de los principios fundamentales de las sociedades de capital. Una deuda de la empresa no se convierte automáticamente en una deuda de su administrador.
Sin embargo, existen situaciones en las que este puede ser objeto de una reclamación por sus propios actos u omisiones.
Conocer cuándo existe ese riesgo de afrontar la responsabilidad del administrador de una empresa y qué mecanismos permiten protegerse resulta especialmente importante para administradores, consejeros y directivos.
¿Cuándo puede existir responsabilidad del administrador de una empresa?
La Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores pueden responder frente a la propia sociedad, los socios y los acreedores sociales por los daños que causen mediante actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o cuando incumplan los deberes inherentes a su cargo.
No basta, por tanto, con que una decisión empresarial termine mal para que exista automáticamente responsabilidad personal.
Dirigir una empresa implica tomar decisiones sujetas a incertidumbre y asumir riesgos. Una inversión que no funciona, un proyecto que genera pérdidas o una estrategia comercial equivocada no implican necesariamente que el administrador tenga que responder con sus bienes.
La situación cambia cuando existe una actuación susceptible de generar responsabilidad conforme a la legislación aplicable.
¿Puede un administrador responder con su patrimonio personal?
Sí, puede ocurrir. Una sociedad de capital tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, pero esta separación patrimonial no constituye una protección absoluta para quienes la administran.
Si se cumplen los presupuestos legales para exigir responsabilidad al administrador, una reclamación puede dirigirse contra él y tener consecuencias sobre su patrimonio personal.
Además, la responsabilidad no se limita necesariamente al administrador formalmente inscrito. La Ley de Sociedades de Capital contempla también la figura del administrador de hecho, es decir, quien en la práctica ejerce las funciones propias de administrador aunque formalmente no ostente el cargo.
Esto amplía considerablemente el universo de personas potencialmente expuestas.
Situaciones que pueden generar una reclamación contra un administrador
Las circunstancias son muy diferentes dependiendo de cada empresa, pero existen escenarios especialmente sensibles. Puede surgir una reclamación por incumplimiento de los deberes asociados al cargo, actuaciones contrarias a la ley o los estatutos, determinadas decisiones que provoquen daños a la sociedad, socios o terceros, conflictos de interés o incumplimientos relacionados con la gestión societaria.
También deben prestarse especial atención a determinadas situaciones de dificultad financiera de la compañía.
El elemento fundamental es comprender que la responsabilidad de la sociedad y la responsabilidad de quien la administra no son exactamente lo mismo.
Una empresa puede disponer de seguros que protejan sus instalaciones, trabajadores, actividad o responsabilidad frente a terceros y, aun así, sus administradores encontrarse expuestos personalmente frente a determinadas reclamaciones relacionadas con sus decisiones.
¿Quién puede reclamar responsabilidad a un administrador?
La propia sociedad puede promover una acción que implique la exigencia de responsabilidad del administrador de una empresa cuando considere que su actuación le ha ocasionado un perjuicio. Los socios también cuentan con mecanismos para exigir responsabilidades en los supuestos establecidos legalmente.
Incluso los acreedores pueden ejercitar determinadas acciones cuando concurren las circunstancias previstas en la legislación. Además, la Ley de Sociedades de Capital mantiene expresamente las acciones de indemnización que puedan corresponder a socios o terceros cuando los actos de los administradores lesionen directamente sus intereses.
Por tanto, el riesgo no procede de un único frente. Un administrador puede enfrentarse a reclamaciones vinculadas a diferentes grupos relacionados con la actividad empresarial.
¿Qué ocurre cuando existe un consejo de administración?
Formar parte de un órgano colegiado tampoco elimina automáticamente el riesgo para evitar hacer frente a la responsabilidad del administrador de una empresa. La legislación establece, con carácter general, la responsabilidad solidaria de los miembros del órgano de administración que haya adoptado un acuerdo o realizado un acto lesivo, aunque contempla excepciones para quienes puedan acreditar determinadas circunstancias, como desconocer su existencia sin haber intervenido en su adopción o haber hecho lo necesario para evitar el daño u oponerse expresamente.
Este aspecto resulta especialmente relevante en empresas con varios administradores o consejos de administración.
La correcta documentación de las decisiones, los procedimientos internos y las posiciones adoptadas dentro del consejo puede adquirir, por tanto, una importancia considerable.
¿Qué es un seguro D&O?
Precisamente para afrontar esta exposición existen los seguros D&O (Directors and Officers), diseñados para proteger a administradores y directivos frente a determinadas reclamaciones derivadas del ejercicio de sus funciones.
No debe confundirse un seguro D&O con un seguro de responsabilidad civil general de la empresa. Mientras este último protege frente a determinados daños derivados de la actividad empresarial, el D&O se centra en la responsabilidad que puede exigirse a las personas que administran o dirigen la organización.
Dependiendo de las condiciones contratadas, una póliza D&O puede contemplar aspectos como los gastos de defensa jurídica y determinadas indemnizaciones derivadas de reclamaciones cubiertas, además de otras garantías específicas.
Como ocurre con cualquier seguro, existen límites, exclusiones, franquicias y circunstancias que deben analizarse antes de contratarlo. Un D&O tampoco convierte en asegurables actuaciones que legalmente no puedan ser objeto de cobertura.
¿Solo necesitan D&O las grandes empresas?
Es uno de los errores más frecuentes. Es fácil asociar los seguros para administradores y directivos con grandes corporaciones, consejos de administración de multinacionales o compañías cotizadas. Sin embargo, el riesgo de responsabilidad del administrador de una empresa también existe en una sociedad limitada de tamaño medio o incluso en una pequeña empresa.
De hecho, en determinadas pymes la exposición patrimonial del administrador puede resultar especialmente relevante precisamente porque existe una relación mucho más directa entre propiedad, administración y gestión diaria.
Empresas familiares, startups, compañías en crecimiento, sociedades con varios socios o negocios que mantienen importantes relaciones con clientes, proveedores, empleados o entidades financieras pueden tener motivos para analizar este tipo de protección.
La pregunta adecuada no es tanto «¿mi empresa es suficientemente grande para necesitar un D&O?», sino «¿a qué responsabilidades están expuestas las personas que toman las decisiones?».
¿Cuánto tiempo puede existir el riesgo de una reclamación?
Otro aspecto que conviene no pasar por alto es que una reclamación no tiene por qué producirse inmediatamente después de adoptar una decisión.
La Ley de Sociedades de Capital establece que las acciones de responsabilidad contra los administradores, tanto sociales como individuales, prescriben a los cuatro años desde el día en que hubieran podido ejercitarse.
Esto hace especialmente importante revisar no solo las coberturas existentes mientras se ocupa el cargo, sino también cómo responde la póliza ante reclamaciones posteriores relacionadas con actuaciones realizadas durante el período asegurado.
Proteger la empresa también significa proteger a quienes toman las decisiones
Los altos directivos adoptan continuamente decisiones sobre inversiones, contratación, financiación, proveedores, trabajadores, cumplimiento normativo o estrategia empresarial. La inmensa mayoría forman parte del funcionamiento ordinario de cualquier compañía, pero algunas pueden terminar generando conflictos y reclamaciones que deriven en la exigencia de responsabilidad del administrador de una empresa.
Por eso, una adecuada política de gestión de riesgos no debería limitarse a proteger únicamente los activos de la sociedad. En Cosnor analizamos la actividad, estructura y exposición de cada compañía para determinar los riesgos que afectan tanto a la organización como a sus administradores y directivos y estudiar las soluciones aseguradoras más adecuadas en cada caso.
Porque proteger una empresa también implica proteger a las personas que tienen la responsabilidad de tomar sus decisiones.
