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La ocupación ilegal es un fenómeno en auge en España. El agudo incremento en los precios de alquiler y compra de vivienda, sumado al creciente número de inmuebles vacíos, ha favorecido la extensión de esta práctica en todo el país.
La situación jurídica actual genera incertidumbre entre los propietarios. Por un lado, la Ley de Vivienda de 2023 reforzó la protección de los inquilinos en situación vulnerable, haciendo más difícil el proceso de desalojo en caso de impagos.
Por otro lado, la actual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida popularmente como ley antiokupa, todavía en tramitación, prevé agilizar el proceso de desahucio para luchar contra la ocupación ilegal.
En este contexto cambiante, tener un buen asesoramiento jurídico es fundamental. En primer lugar, para reaccionar con rapidez y evitar un largo proceso de desahucio. Y, en caso de tener que iniciar un procedimiento judicial, contar con un seguro de ocupación ilegal te permitirá despreocuparte del proceso, pues la entidad aseguradora se hará cargo de todas las gestiones y costes asociados.
¿Qué debe hacer el propietario ante la ocupación ilegal de su inmueble?
El tiempo de reacción es fundamental a la hora de resolver un intento de ocupación ilegal de un inmueble, independientemente de que sea una vivienda o un local comercial, o de si la vivienda está habitada (allanamiento de morada) o vacía (usurpación).
En el momento en que tengas conocimiento de la ocupación de tu vivienda o local, llama de inmediato a la policía. En las primeras horas, las fuerzas de seguridad pueden proceder al desalojo de las personas ajenas a la propiedad.
Si los ocupantes ya se han establecido en el inmueble, la ley protege su derecho a la inviolabilidad de su morada, por lo que es necesario obtener una orden judicial para que la policía pueda proceder al desalojo.
Según las recomendaciones de la Policía Nacional en caso de ocupación ilegal, es importante no enfrentarse a los okupas, ni tratar de impedirles la entrada al inmueble o cortar los suministros. Esto podría ser considerado un delito. Es recomendable, también, tomar nota de los datos de contacto de los testigos que hayan presenciado el incidente.
¿Cómo es el procedimiento para el desahucio de los okupas?
El proceso de desahucio está motivado por una resolución judicial favorable al propietario del inmueble ocupado. Por lo tanto, el primer paso es presentar una demanda judicial solicitando una orden de desalojo de la vivienda o local ocupado.
Presentar pruebas gráficas (vídeos o fotografías) del momento de la ocupación ilegal, así como testimonios de testigos presenciales, servirá de ayuda a la hora de probar los hechos y obtener la orden de desalojo.
El procedimiento, desde que se presenta la denuncia hasta que se formaliza el desalojo, puede tardar varios meses. El objetivo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es agilizar el trámite judicial, para que pueda resolverse con juicios rápidos y ejecutar el desahucio en semanas.
Con la orden de desalojo en mano, la policía procede a ejecutar el desahucio. Primero, de manera informativa, invitando a los okupas a abandonar la vivienda voluntariamente. Si esto falla, pueden proceder a su desalojo forzoso.
Ventajas de tener un seguro de ocupación ilegal
El proceso judicial para recuperar un inmueble ocupado puede extenderse durante meses, sobre todo si se producen retrasos por incomparecencias u otras estrategias de dilación por parte de los okupas.
Además de costoso, es un quebradero de cabeza. Por ello, es una buena idea contar con un seguro de ocupación ilegal si tienes una o más viviendas en propiedad, ya sea como morada principal, segunda residencia o para alquiler. Este tipo de pólizas también cubren locales comerciales.
Los seguros de ocupación ilegal suelen incluir una cobertura principal, que es la reclamación y defensa jurídica. Sus abogados saben cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble y se ocuparán de todo por ti.
Esta garantía se expresa de formas ligeramente diferentes de una aseguradora a otra, pero por lo general, suele incluir:
- Asesoramiento jurídico en cualquier tema relacionado con la ocupación.
- Gestión de reclamaciones de desahucio si te encuentras con tu casa o local en manos de desconocidos hasta recuperar la propiedad.
- Gestión de reclamaciones por daños ocasionados al inmueble durante la ocupación ilegal del mismo.
- Gestión de cuestiones administrativas con las autoridades locales por incumplimiento de ordenanzas municipales como limpieza, obras, prevención de incendios, etc.
- Pago de gastos como tasas, derechos y costas judiciales o derivados de procesos de mediación, así como los honorarios y gastos de abogado, notario, procurador, perito, etc.
A mayores de las coberturas básicas, este tipo de pólizas suelen ofrecer garantías adicionales. Por ejemplo, el pago de indemnizaciones para cubrir los costes de limpieza del inmueble o los gastos de suministros durante la ocupación ilegal, ya que cortar la luz, agua o gas a la vivienda puede considerarse un delito de coacción.
Otras prestaciones opcionales cubren el pago de un alojamiento alternativo en caso de que tu vivienda habitual sea ocupada, y la pérdida de ingresos por no poder alquilar un inmueble durante el período de ocupación ilegal.
Este tipo de pólizas no están pensadas para los casos de inquilinos que se convierten en okupas al dejar de pagar el alquiler. Para este tipo de situaciones, está el seguro de impago de alquiler de viviendas y el seguro de impago de alquiler de locales comerciales, que adelantan las rentas impagadas, además de gestionar el desahucio de los arrendatarios morosos.
Si estás pensando en contratar un seguro de ocupación ilegal, asegúrate de comprobar las exclusiones –los casos en los que el seguro no cubre– y el mínimo litigioso, la cantidad mínima a partir de la cual el seguro entra en efecto. Y recuerda que debes notificar cuanto antes la ocupación ilegal a la aseguradora o a tu mediador para activar las coberturas.
